SALUDO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

FRATERNAL Y CALUROSO ABRAZO:

Compañeros y Compañeros, los saludamos y esperamos de verdad nuestra propuesta de trabajo para la representación estudiantil al Consejo Superior y Acádemico fuese los suficientemente clara, en objetivos, metas y proyecciones programaticas de caracter gremial, de antemano agradecemos a quienes desde el principio y hasta el momento han apoyado nuestra iniciativa, de igual manera saludamos la critica constructiva que se haya realizado  en referencia del programa de Univalle para tod@s.

De llegar a la representacion estudiantil en cualquiera de los diferentes cuerpos colegiados, somos concretos en decir que de ahi en adelante nuestros trabajo sera en pro de las mayorias estudiantiles, de lo contrario y de no llegar nuestro programa unitario seguira su transcurso y desarrollo, dado que las organizaciones que componen este importante espacio de unidad, jamas desfalleceremos en la construcción de una Universidad verdaderamente pública, autonoma, participativa, democrática, investigativa, al sevicio de las necesidades nacionales y populares.

La educación, sabemos, juega un papel fundamental en el proceso de dominacion de unos sobre otros, ricos sobre pobres, explotadores sobre explotados, por ende el compromiso que como Organizaciones amplias firmantes de este acuerdo hemos asumido,traspasa lo meramente electoral y se transforma en una proyección a largo de aliento, en el duro pero necesario proceso de contrucción de un verdadero moviemnto estudiantil acorde al momento y contexto historico que fue obligado a vivir.

 La organización única de estudiantes de la Universidad del Valle que unifique nuestras demandas como gremio y potencialize nuestro accionar politico, cultural y social sera nuestro principal objetivo a conseguir.

fraternalmente:

Alexis Venté
Luis Fernando Taylor
candidatos al Consejo Superior.

Marcel Lopez
Luisa M. Zorrila.
candidatos al Consejo Acádemico

Jhon Edward Roman
Diana Peñalosa
Candidatos a la Facultad de Ciencias de la Administracion.

Wilmar Monsalve
Sofia Zorrilla
Candidatos al Consejo

Juan David Ortega
Candidato a la facultad de humanidades


De igual manera, te inivtamos a que este 2 de noviembre de 2010, no acompañes y deposites en este programa tu voto de confianza.
Por una univalle para tod@s vota plancha N- 2 al Consejo Academico y Superior.

Vota este 2 de noviembre plancha 2.

univalleparatodos.blogspot.com

COMUNICADO A LA COMUNIDAD UNIVERSITARIA

En el actual contexto colombiano, en el que las desigualdades sociales se agudizan y el Estado actual legisla contra los intereses de las mayorías, pensando más en intereses extranjeros y de las grandes élites económicas que en las conveniencias para el pueblo, los procesos de unidad surgen como una necesidad de resistencia y acción.

En este contexto, la universidad pública es uno de los principales blancos de ataque de las políticas neoliberales de los sucesivos gobiernos que han entrado a dirigir el Estado, intentando desmontar su carácter público y violentar el principio fundamental de las universidades, la autonomía.

Por esto, la comunidad universitaria, y en especial los estudiantes, deben actuar en procura de  construir procesos unitarios. La Unidad Estudiantil debe ser la expresión política de la riqueza cultural de los estudiantes, de sus conocimientos, de sus expresiones artísticas, características con las cuales se debe apostar a la construcción de un nuevo modelo educativo.

Partiendo de la necesidad de entender la unidad el modo más efectivo de la lucha donde  los principios democráticos como el bien común, la defensa de la autonomía y los derechos de los estudiantes sean los objetivos supremos, se hace necesario avanzar en la construcción y fortalecimiento  de gran Frente Amplio de Lucha estudiantil, que a diario forje niveles de unidad sólidos, que defienda la Universidad Pública, de calidad y al servicio de todo el pueblo Colombiano, que identifique colectivamente las bases del futuro que aspiramos construir, y camine los senderos hacia una transformación de la sociedad.

El movimiento estudiantil ha transitado durante muchos años la unidad de acción, la unidad política y orgánica en busca de las condiciones que le permitan alcanzar los cambios políticos, económicos y sociales que el pueblo necesita en materia de educación dirigida a solucionar y satisfacer sus necesidades y demandas; sin embargo estos intentos se han convertido en esfuerzos de corto alcance, o han sido destruidos por la violencia estatal.

La unidad estudiantil debe ser el resultado de la discusión fraternal y franca, del acopio de consensos sobre bases programáticas partiendo de la lectura de las necesidades de la universidad y las bases estudiantiles, y no construida sobre intereses particulares de líderes estudiantiles.

La estrategia unitaria, parte del hecho de la búsqueda de cambios para la superación de la crisis estructural del modelo educativo actual, debe además reconocer las situaciones coyunturales, que en la actualidad tiene componentes ineludibles que desbordan la inmediatez, como los tratado de libre comercio (TLCs), la mercantilización de los derechos, la penalización de la protesta social y contra la agenda legislativa del régimen que afectarían principalmente a los sectores medios y pobres de la población; contra la desfinanciación de la universidad pública y el auto-sostenimiento, exigiendo Autonomía universitaria, calidad académica, bienestar universitario, y defendiendo las libertades democráticas del pueblo colombiano.

La unidad exige, reconocimiento, respeto, sinceridad, trabajo y dedicación; con estos principios un grupo de organizaciones estudiantiles iniciamos un proceso de acercamiento luego de encontrarnos en diferentes espacios de lucha estudiantil en defensa de la universidad pública, lo que nos ha permitido construir acuerdos de tipo coyuntural y político. Estas organizaciones hoy venimos haciendo planteamientos y discusiones internas que nos deben conducir a la unidad estudiantil con base a las principales reivindicaciones de tipo político que legitiman hoy los estudiantes de Colombia, en especial, los de la Universidad Pública. Es por eso que hemos decidido, como uno de los métodos para conquistar estas victorias estudiantiles, trabajar por conseguir el espacio de la representación estudiantil a los diferentes cuerpos colegiados de la universidad (Consejo Superior, Consejo Académico, Consejo por Facultades y Programas) con el ánimo de construir e implementar, desde espacios ampliados y de movilización, el modelo educativo acorde a las necesidades del pueblo colombiano y no de los intereses de los grandes imperios, de alta calidad y que posibilite un discurrir digno en la preparación profesional de los estudiantes de la Universidad del Valle.

En la construcción de este nuevo modelo, debemos propender por la organización gremial del estudiantado, que es la única forma de enfrentar las políticas lesivas del gobierno colombiano de forma unitaria. La participación en los consejos de facultad, escuelas, institutos, académico y superior concede obtener información de primera mano que permite estar un paso al frente en la elaboración de mecanismos de lucha y resistencia a las políticas nefastas que se vienen implantando en la universidad.

En este orden de ideas, las organizaciones suscritas nos hemos dado a la tarea de construir un programa de representación basado en ejes fundamentales como lo son:

1.      Rechazo a la Reforma a la ley 30 de 1992.

Rechazamos y nos opondremos el actual Proyecto de Ley de Reforma a la ley 30 (Proyecto del ley No. 55 de 2010) por medio del cual se pretende cambiar el esquema de financiación de la Universidad Pública, disminuyendo aún más los recursos ya menguados de las universidades.

2.      Defensa de la Universidad Pública.

La financiación de la Universidad Pública en Colombia tiene como elemento transversal el desinterés que el estado – a nivel central y regional- ha demostrado en cuanto al crecimiento real para el buen funcionamiento como institución pública y de excelencia. Así, además de los estragos generados por la Ley 30 de 1992, los diferentes gobiernos que se han sucedido se han negado a cancelar las obligaciones presupuestales, generando una deuda de más de medio billón de pesos en las universidades públicas de todo el país. Por esto, nos oponemos al modelo de autofinanciamiento en la Universidad, materializada en la venta y prestación de servicios, aspecto en el que concentran todos sus recursos las facultades (profesores, grupos de investigación, laboratorios), pues con ello el estado central pretende dejar de lado su responsabilidad de financiar la educación.

3.      Calidad Académica.

Nos opondremos a todas las reformas que atenten contra la calidad y la investigación de alto nivel: recorte de  semestres en los programas, aumento de carga académica a los docentes, la flexibilización curricular, la imposición de contenidos por parte del Ministerio de Educación Nacional, esto materializado en los ECAES, la anualizacion indiscriminada de los pregrados, el aumento de cobertura sin aumento presupuestal como una imposición del gobierno central.

4.      Autonomía Universitaria y Democracia Interna

Una de las principales banderas del movimiento estudiantil es la Autonomía Universitaria. La Universidad debe ser un espacio de producción y difusión de conocimientos, en la que se respete la libertad de cátedra, el autogobierno, las discusiones libres de las ideas entre la comunidad universitaria, la no violación del campus por agentes externos, así como su derecho a decidir el destino de los recursos que envía el Estado. Sin embargo, para la exigencia de la Autonomía, en el ámbito universitario debe existir democracia en la toma de decisiones; esto pasa por la amplia participación de los estudiantes y los profesores, como actores vinculados de forma directa a la misión de la universidad, en la dirección de su rumbo, de igual forma, se requiere que los estudiantes estemos organizados de la forma más incluyente y democrática posible.

5.      Bienestar Estudiantil

Para la permanencia, la dedicación y el aprendizaje  de los estudiantes en el sistema educativo, son necesarias unas condiciones de bienestar que posibiliten unas mínimas garantías de calidad de vida.

6.      Organización Estudiantil y Libertades Democráticas.

Todas las acciones que giren en torno a la reivindicación del derecho a la protesta social y a pensar diferente, deben ser respetados tanto dentro de la comunidad universitaria, como desde los agentes externos a la institución. Ninguna persona ni institución deben criminalizar la organización y la protesta, antes bien, la universidad debe apoyar y proteger a la comunidad de los abusos de autoridad del Estado o las amenazas de diferentes actores.

7.      Sedes Regionales

El desarrollo de las sedes regionales de la Universidad del Valle será permanentemente vigilado para garantizar una igualdad en términos de posibilidades y condiciones que permitan que tanto los estudiantes de distintos grupos étnicos, culturales, políticos y regionales puedan desarrollar todo su potencial cultural e intelectual y con la herramientas necesarias para esto. Impulsaremos el debate en torno a la conveniencia o no de la política de seccionalizacion propuesta por la dirección universitaria.

8.      Medio Ambiente Universitario: Desarrollo sostenible y Multiculturalidad y Diversidad Sexual y Étnica.

La universidad, como espacio de construcción de democracia, no debe excluir a grupos poblacionales por sus preferencias sexuales, etnia, religión, etc. Así mismo, se debe defender y conservar el entorno ambiental, de esta manera se fortalecen las propuestas alternativas impulsando modelos económicos de solidaridad y de consumo moderado, entendiendo que los componentes ambientales y la Universidad en general son patrimonio del pueblo.

GRAN JORNADA DE VACUNACION CONTRA LA REFORMA A LA LEY 30

Alerta, una grave enfermedad acosa la Universidad!                                                              

Presentas los siguientes síntomas?

Hacinamiento en los salones de clase?
La mayoría de tus profes son contratistas?
Te niegan el apoyo para salidas académicas o proyectos de investigación?
Sientes Cafetería Central un "poco" llena?
No hay suficientes libros en Biblioteca y/o centros de documentación?
No alcanzaste cita en Servicio Medico u Odontología?

Tus síntomas no dan mas espera, estas en grave riesgo de privatización!

Vacúnate:
1. Contra la perdida de Autonomía Universitaria.
2. Por una adecuada financiación.
3. Por una educación de Calidad.
Por Una UNIVALLE PARA TOD@S!

No hay excusa para no vacunarse...
En la sede Meléndez:
El Martes 19 estaremos en Bajos de Ciencias desde las 5 pm.
El Miércoles 20 estaremos en Cafetería Central a partir del medio día.
El Jueves 21 estaremos en Cafetería de Idiomas a partir de las 5 pm.
El Viernes 22 estaremos en la Plazoleta de ingenierías a partir de las 9 am.

En la sede San Fernando:
El Martes 19 estaremos en la Facultad de Administración a partir de las 12
El Jueves 21 estaremos al frente del Ives Chatein a partir de las 12 pm.

Saca un tiempo para que te vacunes junto a tus compañeros, la indiferencia puede ser contagiosa.

PRECAUCION: Para que la vacuna tenga efecto el paciente debe Movilizarse, si no lo hace puede caer en una grave crisis o incluso ser Re-privatizado.

Invita: UNIVALLE PARA TOD@S!
www.univalleparatodos.blogspot.com        univalleparatodos@gmail.com

Elecciones Consejo Academico y Superior

 

DECLARACIÓN FINAL DEL ENCUENTRO NACIONAL DE REPRESENTANTES ESTUDIANTILES DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR

LA CRISIS DE LA UNIVERSIDAD  COLOMBIANA Y LAS  RESPUESTAS DEL MOVIMIENTO UNIVERSITARIO

Colombia en la actualidad es el sexto país más desigual del planeta, solamente superado por países como Haití, Botsuana e Islas Comoros. Hoy en Colombia solo 28 de cada 100 colombianos en edad de trabajar tiene un empleo estable y formal, mientras los 72 restantes se reparten entre informalidad y desempleo. Como si fuera poco el 50% de nuestra población es pobre.

Con este panorama resultaría obvio que el Estado haga esfuerzos adicionales para educar a su pueblo y así poder salir de la pobreza y el subdesarrollo que nos agobia. Lamentablemente el nuevo gobierno continua profundizando la política oficial de la última década, es decir: El paulatino desfinanciamiento de la Universidad Publica en claro detrimento de la calidad, la política de subsidio a la demanda a través de la colocación de créditos provenientes del capital financiero mundial, en detrimento del subsidio a la oferta; el continuo atropello a la Autonomía Universitaria baluarte de la Educación Superior, el desmonte del Bienestar Universitario, y la constante estigmatización del movimiento estudiantil, profesoral y sindical.

Con el propósito de profundizar la política de mercantilización de la Educación Superior, el proyecto de presupuesto general de la nación (PGN) presentado por el gobierno para el año 2011 incluye una reducción de 7.47% respecto del presupuesto del año 2010, hecho que comprueba el carácter retardatario y continuista del gobierno Santos, respecto de la política de “revolución educativa” de Uribe.

La necesidad de más presupuesto para la educación pública no es un capricho de unos pocos, es una necesidad imperante e inaplazable de la nación colombiana, es además, condición sine qua non para el desarrollo nacional y la superación de la desigualdad social.

En este marco los representantes estudiantiles de la Educación Superior Pública y Privada nos hemos reunido con el objeto de trazar una hoja de ruta común de respuesta y movilización ante la inminente aprobación de la Ley de Presupuesto General de la Nación del año 2011, partiendo del rechazo unánime a la política de desfinanciamiento y privatización de la educación pública y de violación sistemática de la autonomía universitaria por vía de la asfixia presupuestal de las Universidades Públicas, y del menoscabo de la democracia y la participación de los estamentos que componen la comunidad universitaria en cada una de las decisiones atinentes a la Educación Superior. De manera que surge como consenso, el rechazo categórico al proyecto de reforma a la Ley 30, por el cual se modifica el esquema de financiación de las Universidades Públicas, presentado por el Gobierno nacional y que hoy hace tramite en el congreso de la República, por cuanto representa una violación flagrante a la autonomía universitaria; además, hacemos expresa nuestra oposición al Proyecto de Presupuesto General de la Nación para el año 2011, que continúa con el marchitamiento paulatino de la Universidad Pública.

La reducción presupuestal propuesta para el año 2011 por el Gobierno de Santos, aumenta sustancialmente el déficit acumulado de las Universidades Públicas calculado en más de medio billón de pesos por el Sistema Universitario Estatal SUE. El estudio realizado por el SUE calculó que las Universidades Públicas han incurrido en costos adicionales en gastos de funcionamiento                          por cerca de 469.000 millones de pesos desde 1992 hasta el año 2007, y si a ello le sumamos la reducción de 7,47% en el presupuesto de las Universidades Públicas para el año 2011, encontramos que el déficit acumulado de las Universidades públicas aumentaría ostensiblemente con respecto al estudio realizado por los vicerrectores del SUE, en más de doscientos mil millones de pesos. De manera que la  situación financiera de las Universidades Públicas tenderá a agravarse dramáticamente con la reducción anunciada para el año 2011, reducción que dicho sea de paso, se hace sobre los recursos que se le prometieron a las Universidades Públicas a cambio de haber aumentado 20.000 cupos nuevos para el año 2010 en condiciones magras de infraestructura y de calidad.

Este desmonte de la Educación Superior Pública repercute directamente en el aumento del subsidio a la demanda por vía del ICETEX y demás entidades financieras que canalizan los prestamos provenientes del Banco Mundial y el capital financiero internacional, con tasas de interés altísimas, que terminan convirtiéndose en la única manera que tienen las familias y los estudiantes para pagar los escandalosos aumentos en las matriculas de las Universidades Privadas. Se instituye así una lógica perversa, bajo la cual la educación se convierte en un negocio alimentado de la necesidad humana; por esta razón, los estudiantes Universitarios de Colombia, tanto de Universidades públicas como privadas hemos venido aunando fuerzas en el entendido de que cada flecha disparada contra la Universidad Pública, agudiza la crisis de las familias que pasan por mil necesidades en procura de conseguir los recursos para pagar las matrículas de las Universidades Privadas.

La defensa de una Universidad Pública que sea financiada por el Estado adecuadamente, del respeto de su autonomía y el rechazo a la privatización y la estigmatización del movimiento universitario, constituye hoy las bases sobre las cuales se genera la unidad criterio y de acción de los Representantes Estudiantiles de las Universidades Públicas y privadas de Colombia, quienes con el firme propósito de defender estas consignas, hacemos un llamamiento a todos los sectores democráticos de la sociedad Colombiana, para que acompañen a los estudiantes universitarios, trabajadores y profesores de Instituciones de Educación Superior públicas y privadas, en la Movilización Nacional convocada para el día Miércoles 20 de Octubre, con el propósito de presionar la aprobación de la Ley de presupuesto general de la nación y defender una vez más el derecho a la educación de los colombianos.

Los Representantes Estudiantiles participantes del seminario encuentro de los representantes de la educación superior, reafirmamos nuestra firme oposición al proyecto de reforma a Ley 30, por medio del cual se modifica el esquema de financiación de la educación superior, que hoy hace tramite en el Congreso de la República, y manifestamos nuestro firme rechazo al modelo de confianza inversionista, que hoy pretende convertir al país en una enclave de las multinacionales  adecuando la educación superior a las necesidades del capital foráneo, bajo la premisa de que en las Universidades “se está enseñando demasiado educando profesionales que superan con creces las necesidades del mercado”, para lo cual se han valido de la estandarización de los contenidos por vía de la acreditación. Es claro que para lograr la adecuación de la Universidad a las necesidades del mercado, el Gobierno debe valerse de la violación del baluarte de las Universidades, a saber, su autonomía, por ello rechazamos la violación sistemática a la autonomía universitaria por parte del Gobierno y particularmente, la incursión de la fuerza pública al campus de la Universidad de Antioquia y el posterior cierre del centro educativo por cerca de veinte días.

Finalmente invitamos a la comunidad universitaria a participar de las actividades que se han convocado desde los sectores democráticos que han tomado parte de la defensa de la Universidad Pública:

1. Movilización nacional por la financiación adecuada de la Universidad Pública, la defensa de la Autonomía Universitaria y contra la privatización de la educación pública y la estigmatización del movimiento universitario.

2. Audiencia Pública “La crisis de la Universidad Pública. La universidad defiende la vida”, los días 5 y 6 de noviembre de 2010 en la Universidad Industrial de Santander.

Manizales, Octubre 10 de 2010

Intervención del Presidente de FENALPROU en el "Foro sobre Educación Superior"

de Oce Risaralda, el El Sábado, 18 de septiembre de 2010 a las 12:44

Una propuesta insuficiente en lo económico,  retardataria e inconveniente en lo que a política universitaria se refiere.

 

Por: Gonzalo Arango Jiménez

Presidente FENALPROU

 

FORO en la Comisión VI del Senado de la República, Septiembre 9 de 2010

 

El 28 de diciembre de 1992, el Congreso de la República aprobó la Ley 30 que hoy se propone reformar parcialmente. Más exactamente, modificar el esquema de financiación allí establecido.

Como toda la legislación que sucedió a la nueva carta política, establecida por el constituyente en 1991, su propósito estuvo orientado a desarrollar los preceptos allí plasmados. Poner en vigor un ordenamiento jurídico al servicio de un nuevo modelo de desarrollo, o mejor de subdesarrollo, que se promocionaba por el orbe mediante los organismos multilaterales, incluidos los de crédito, o tinglados montados específicamente para ello, como fue el denominado Consenso de Washington en 1989.

Esas nuevas orientaciones de política para los Estados estaban enmarcadas en facilitar la recuperación de la economía mundial, léase el crecimiento del PIB y la tasa media de ganancia de los capitales, mediante la imposición de políticas económicas de raigambre liberal, o como se han denominado, el neoliberalismo, para incentivar el libre flujo de mercancías y de capitales abriendo, además, nuevos frentes de inversión para estos últimos. Es así como no se hicieron esperar medidas como la eliminación de barreras arancelarias y para arancelarias, privatizaciones en el sector de los servicios públicos, desregulaciones restrictivas a la inversión foránea en algunos sectores estratégicos de la economía, liberación cambiaria, y el abandono paulatino de la financiación del Estado a sectores orientados a garantizar el ejercicio de derechos a sus ciudadanos, como es el caso de la salud y la educación, que se fueron transmutando en nuevas mercancías, fuente apetitosa de utilidades para el capital financiero internacional, alcanzando los mayores niveles de rentabilidad la primera y un mercado potencial sin precedentes la segunda.

Es este el contexto en el que se produce la reforma de la Ley que organiza y regula la Educación Superior en Colombia en 1992. Los fundamentos que desarrolla los encontramos en los artículos 67, 68 y 69 de la carta política. La educación deja de ser responsabilidad exclusiva del estado y “la sociedad y la familia” entran a compartir tal responsabilidad con aquel (Art .67). La educación será gratuita en las instituciones del Estado, “sin perjuicio del cobro de derechos académicos a quienes puedan sufragarlos” (Art. 67). “La Nación y las entidades territoriales participarán en la dirección, financiación y administración de los servicios educativos estatales, en los términos que señale la Constitución y la Ley” (Art. 67). “El estado facilitará mecanismos financieros que hagan posible el acceso de todas las personas a la educación superior” (Art. 69)

Este entresacado de sentencias del articulado se enfoca en aquellos elementos relacionados con el esquema de financiación que se establece en la Ley 30 de 1992, en sus artículos 86 y 87. El propósito es aportar elementos que ayuden a la comprensión de lo que ha venido ocurriendo en materia financiera en las universidades públicas durante la vigencia de la Ley 30 y de sus impactos demoledores en contra de la excelencia académica y del bienestar de la comunidad universitaria por la vía de la degradación de las condiciones en que se lleva a cabo el trabajo académico, las precarias condiciones de selección, contratación, asignación de labor académica y remuneración de los docentes, tercerización en la contratación de trabajadores, así como el abandono de los programas del bienestar estudiantil que garanticen condiciones amigables para el ingreso y la permanencia de estudiantes provenientes de familias de bajos ingresos en la universidad, las cuales han venido siendo sustituidas por políticas denominadas de “responsabilidad social empresarial” insuficientes y marginales.

Los lineamientos generales de la política de financiación los encontramos en el “Plan de Apertura Educativa 1991-1994”, documento de Planeación Nacional fechado el 19 de marzo de 1991. Allí se señala que la responsabilidad de financiamiento de la educación media y básica debe descansar en los hombros del estado, mientras que el “esfuerzo” para el financiamiento de la superior debe recaer en la familia. Ello justificado en el pretendido beneficio familiar directo que se recibe, en términos de acceso a empleos bien remunerados y ascenso en la pirámide social de quienes acceden a ese nivel de educación. Es el criterio del “estudie ahora y pague después”, mediante la estructuración de un sistema de crédito, bajo la dirección del estado, que convierta en sujetos de crédito a todos los aspirantes universitarios. Se traza en el mismo documento la meta de alcanzar  “que los estudiantes cubran la tercera parte de sus costos en un plazo de diez años, siempre y cuando se creen sistemas de financiación para los estudiantes más pobres” (PAE, Pag. 45). Las otras fuentes de financiación provendrían de las transferencias del Estado, una tercera parte y la última, de la generación de recursos propios por la “venta de servicios”.

Es así como se congelan los recursos para las universidades públicas, en la práctica, referidos al presupuesto de 1993, en tanto que lo que en principio se veía como un piso de referencia para la transferencia de recursos del Estado, terminó siendo el techo y condenando a la universidad estatal a una crisis estructural en su financiación, en tanto que los recursos congelados en pesos constantes a partir de 1993, cada vez cubren una porción menor de los presupuestos universitarios. De acuerdo con las cifras del MEN,  las transferencias del estado representaban el 84% de los ingresos de las universidades públicas en 1993 y pasaron a 51% en el 2008, al tiempo que la participación de otros ingresos, léase venta de servicios pasó en el mismo período de representar el 8% al 35% y los ingresos por matrículas lo hicieron del 7% al 14% (Presentación PPT del Vice ministerio de Educación en Abril de 2010). Tomando otro indicador, de la misma fuente, encontramos que en esos mismos años el aporte per cápita del presupuesto nacional a las Universidades Públicas, en pesos de 2008, pasó de un promedio de 5,69 millones en 1993 a 3,67 millones en el 2008, una caída en términos porcentuales de 35%.

Hemos afirmado que la política de desfinanciamiento estatal de la educación superior pública tomó la forma de “condicionar su desarrollo y crecimiento posteriores al año 1993, a su privatización”. Por eso no podemos extrañarnos con la situación que padece la mayoría de universidades públicas en materia financiera: son los resultados de la puesta en práctica de un plan preconcebido. La modificación del esquema de financiación” lo que pretende es hacer los ajustes necesarios, para que por la vía del subsidio a la demanda, léase estimular el crédito educativo e incentivarlo mediante el otorgamiento de subsidios focalizados, se pueda incrementar la parte de los costos que aportan los estudiantes por la vía del “estudie ahora y pague después”, además de entregar al sector financiero internacional, del cual oficia como intermediario el ICETEX, un suculento filón de utilidades.

El estudio elaborado por la comisión de Vice Rectores Financieros de algunas universidades pertenecientes al SUE, arrojó conclusiones inobjetables, que los alentaron a pedir que el Estado:

“1- Reconocer a valor presente, los gastos adicionales en que han incurrido las universidades públicas en cumplimiento de la normatividad expedida con posterioridad a la expedición de la Ley 30 de 1992 en materia de gastos de funcionamiento, que a manera de ilustración, para el caso de los gastos de personal en un estudio realizado para 30 universidades públicas, supera los $469 mil millones de pesos, con corte a diciembre de 2007 y a pesos del mismo año, según se puede observar en el Anexo 6 COSTO ADICIONAL GASTOS DE PERSONAL A PARTIR DE LA LEY 30 de 1992.

2- A partir de la vigencia 2010, actualizar los aportes de la nación equivalente al IPC más: 5,5% representado en la cualificación docente por el impacto de las normas y el incremento del aporte patronal por seguridad social; más 3,5% representado en el impacto por gastos generales y gastos de personal por docentes temporales para el cumplimiento del desarrollo misional (ver cuadros 1 y 2).

Esta propuesta no implicaría una modificación a la Ley 30 de 1992 por cuanto su artículo 86 no establece máximos en el incremento de los aportes del presupuesto nacional y de las entidades territoriales para la financiación de las Universidades Públicas.” (Revisión de la financiación con recursos de la nación para las universidades públicas. Documento para la consideración del sistema universitario estatal. Comisión de Vicerrectores Financieros de siete Universidades Públicas. Pag. 9,  Bogotá junio 3 de 2009).

¿Cuál fue la respuesta del gobierno a tan apremiante pedido de los Rectores de las Universidades Públicas agrupados en el SUE y al clamor, no sólo de la comunidad universitaria qué permanentemente reclama financiación adecuada y oportuna para la educación pública, sino para un importante conjunto de personalidades que resaltaron la justeza de las peticiones y  urgencia de satisfacerlas?

De un lado, la aprobación de una adición al presupuesto nacional para la presente vigencia, por $160 mil millones, equivalente al 34,1% de lo propuesto en el estudio de los vice rectores, de los cuales, 100 mil millones no irían directamente a las universidades y cuya asignación y distribución estaría amarrado a compromisos en incrementos de cobertura y presentación de nuevos proyectos de investigación. Hace poco más de un mes, los rectores elevaron sus suplicas al nuevo gobierno para que les cumplieran lo acordado, en tanto que además, sus necesidades se incrementaron con la aceptación de la apertura de 20.000 nuevos cupos.

Además de lo anterior se ofreció la presentación de un proyecto de Ley, sobre el que hoy opinamos en este FORO

Lo primero que tenemos que decir es que es que los recursos allí contemplados, en el artículo 3 del proyecto, son a todas luces insuficientes: el IPC más el 1% para el 2011, 2% para el 2012 y 3% para el 2013 hasta el 2019, cuando las necesidades que arroja el estudio antes citado son del orden del 9%, de incremento adicional al IPC, sin límite en el tiempo, constituyen una cifra que no permitirá sortear la crisis estructural, la cual seguirá presentándose.

Pero como si fuera poco, los nuevos recursos están atados a metas en ampliación de cobertura y a su aplicación a programas específicos en materia de niveles y modalidades de formación, así como a ciertas áreas de conocimiento. Ello, además de significar una lesión grave a la autonomía universitaria, configura una presión del gobierno sobre las universidades para la imposición de políticas académicas y administrativas.

El artículo primero deja de lado la deuda de la nación y se centra en cuantificar y exigir el pago de lo adeudado por los entes territoriales, los cuales como es bien sabido, enfrentan problemas presupuestales graves, sobre todo después del recorte de las transferencias, aprobado mediante acto legislativo.

El artículo segundo, siembra esperanzas difíciles de cumplir, pues los niveles de crecimiento del PIB superiores al 5%, para mejorar el indicador con el cual se asignan los recursos adicionales del artículo 87 de la Ley 30, son casi inalcanzables en el inmediato futuro.

Con los artículos 4 y 5 del proyecto se incorporan al modelo de financiación de Ley 30, con el cambio de esquema presentado, las instituciones de Educación Superior Públicas que no tienen el rango de universidad.

El artículo 6 fortalece el ICETEX con recursos del Estado, para profundizar la política de privatización por la vía de incrementar el ingreso por matrículas y a la vez transferir recursos públicos al sector privado por este mecanismo.

Finalmente el artículo 7 oficializa el retorno de los recursos que se descuentan a las universidades con destino al financiamiento del ICFES, que cambió sus funciones, pero no se reconoce lo ya descontado  desde la reestructuración.

Podemos concluir en que el proyecto no está orientado a resolver la grave crisis financiera de las universidades públicas sino a profundizar la aplicación de una política que ha resultado nefasta para la educación superior pública en Colombia.

Para atender los justos reclamos por mayores recursos para las universidades no se requiere modificar el esquema de financiación. Lo que se requiere es voluntad política para asignar más recursos que los que resultan de aplicar lo dispuesto en la Ley 30 como techo y no cómo piso. De lo que se trata con el cambio del esquema de financiación es de disponer de un mecanismo nuevo de coerción sobre la universidad para la imposición de una política que profundice el modelo actual.

Creemos necesario abordar el análisis crítico de la Ley 30, teniendo como base una evaluación rigurosa de las consecuencias de su aplicación en casi 18 años de vigencia. Creemos que el ideal de universidad para nuestro país no es el que tenemos hoy, donde la carrera docente amenaza con desaparecer por la contratación temporal de más del 80% de quienes atienden las labores de docencia. De una universidad que se degrada cada vez más en su nivel académico por la imposición de reformas de origen exógeno y que no responden a las necesidades del desarrollo nacional sino a las limitadas demandas de un mercado de trabajo, atado al pobre desarrollo que nos ofrece la inserción en la globalización en boga. Una universidad donde se ha degradado la democracia con el establecimiento de regímenes absolutistas que contraponen la gobernabilidad a la participación democrática y han confiscado la crítica mediante una andamiaje clientelista y de padrinazgos al servicio de las administraciones. Una universidad en crisis humanitaria, en la que han sentado sus reales métodos y procedimientos de intimidación, amenazas y atentados.

Creemos indispensable hacer un estudio a fondo sobre la grave crisis universitaria, que está muy lejos de ser sólo financiera, antes de abordar su reforma.

Declaración del Encuentro Nacional de Estudiantes Universitarios y Universitarias de Colombia

Manizales, 25 de abril de 2010

Los estudiantes de universidades públicas y privadas reunidos los días 24 y 25 de abril de 2010, teniendo en cuenta la actual embestida del régimen, enmascarada en la demagogia reformista de un proyecto de Ley que pretende modificar el esquema de financiación contenido en la Ley 30 de 1992, que no resuelve el problema estructural de financiación de la educación superior, deseamos poner a consideración de la comunidad universitaria y sus espacios deliberativos la discusión de los siguientes criterios:

La universidad pública se encuentra sumergida en una profunda crisis como producto de la aplicación de políticas neoliberales impuestas desde hace algunas décadas en nuestro país. Estas políticas han conducido a la paulatina privatización de la universidad pública vía des-financiación, ajustando el sentido de la educación a criterios empresariales, convirtiendo el derecho a la educación en una mercancía.

La Ley 30 de 1992 fue el instrumento que en su momento permitió el avance de las políticas neoliberales en la educación superior. Aunque esta norma aseguró un presupuesto fijo para las instituciones de educación superior, también dio vía a instituciones como el ICETEX, a través de la cuales el estado se descarga de su responsabilidad en la financiación de la educación, trasladando sus obligaciones a los estudiantes y sus familias. Además, institucionalizo formas antidemocráticas de administración y gobierno universitario, muestra de ello es la composición, que allí se establece, de los consejos superiores, o de instituciones como el CESU, entre otras, donde una buena parte de los miembros que componen estos mecanismos, es asignada por el gobierno nacional, y otra parte es ajena a la vida académica universitaria.

De otra parte, la ley 30 estableció que el presupuesto de las universidades aumentaría según el índice de precios al consumidor. Esto en apariencia era beneficioso para las universidades públicas, sin embargo, uno de los problemas de la Ley es que aumenta el presupuesto según ingresos de la universidad al año de 1993, desconociendo con esto el aumento en cobertura, planta docente y física. Esta política llevó a las universidades a una crisis financiera y a la búsqueda de recursos propios vía extensión, investigación y pos-grado apartándola de sus objetivos misionales en la producción de conocimiento en función de las necesidades del país

La crisis presupuestal, generada por las políticas aplicadas por los gobiernos de turno, se convierte hoy en excusa para profundizar aún más la privatización de la universidad pública. En la actualidad, la ofensiva privatizadora pretende avanzar por la vía de una contra-reforma a la Ley 30 de 1992, propuesta que afectaría sensiblemente los principios de autonomía universitaria, imponiendo criterios frente a la asignación de los recursos que obligan a las universidades a competir en la lógica mercantil. En este sentido declaramos:

1. Rechazar el Proyecto de Ley No. 237 Senado, radicado por el Ministerio de Educación Nacional ante el Congreso de la República el pasado 12 de abril de 2010, por el cual se modifica el esquema de financiación de la Ley 30 de 1992, por las siguientes razones:

El proyecto además de no resolver el problema estructural, que sufre la Universidad Pública, promueve e institucionaliza políticas claramente neoliberales como el subsidio a la demanda con el estímulo de los elevados créditos educativos y la creación de un Fondo para la Permanencia Estudiantil en la Educación Superior, administrado por el Icetex y destinado al cubrimiento parcial de los gastos de manutención de los estudiantes de las instituciones de educación superior públicas y privadas del país de acuerdo a los instrumentos de focalización que defina el gobierno nacional. Condiciona también la transferencia de supuestos recursos adicionales, desde el gobierno central a las universidades, al grado de aplicación de las políticas del MEN en cada universidad, políticas que basadas en la denominada Revolución Educativa y el plan Visión Colombia 2019 que atentan contra la calidad académica y el carácter científico de la educación, como la ampliación indiscriminada de la cobertura, los recortes del tiempo de las carreras, la reducción de los contenidos, la estandarización y homogeneización curricular y la priorización de los programas técnicos y tecnológicos de muy discutida calidad en detrimento de un pregrado de calidad.

Los recursos del denominado subsidio a la demanda servirán para continuar fomentando la cultura mendicante y la politiquería propia de los programas de la acción social de la Presidencia. Si en realidad se quisiera atacar el alto nivel de deserción universitaria que se acerca al 50% y que se aspira reducir al 25% en el año 2019, estos recursos deberían ir a las divisiones de Bienestar Universitario, poseedores de una larga trayectoria y experiencia en el tema sin condiciones adicionales para los estudiantes beneficiarios.

2. Buscar mecanismos efectivos de financiamiento, exigiendo QUE EL Estado ASUMA SU RESPONSABILIDAD EN TERMINOS FINANCIEROS CON LA EDUCACIÒN SUPERIOR COLOMBIANA, QUE SE EXPRESEN EN MECANISMOS adecuados, siendo la reivindicación principal en la actual coyuntura del movimiento Nacional Universitario, garantizando la financiación plena a la Universidad Colombiana.

Exigimos que para el 2011 se amplíe la base presupuestal en un porcentaje no inferior al ipc más el 9% y se pague la deuda acumulada que asciende aproximadamente a 500 mil millones de pesos, como punto de partida que garantice la viabilidad preupuestal de las universidades públicas.

Es innegable la necesidad de mayores recursos para las 32 universidades públicas colombianas., que según datos de la Contraloría General de la Nación, en los últimos años han recibido recursos (aproximados a) del orden del 0.36% del PIB, significando esto para las Universidades Colombianas ingresos menores a los $1 billón 526 mil millones de pesos (según datos oficiales de 2007); esto sin tener en cuenta que en este mismo periodo la población Universitaria aumento en un 147.47%, significando esto un paso de 200.000 estudiantes matriculados en 2002 a 494.937 en 2007. La inversión estatal per cápita promedio en las universidades públicas, “alcanzaba la cifra de 5,69 millones en 1993 mientras que en 2008 era de 3,67 millones de pesos constantes de 2008” (incluir pies de pagina) Mientras en los Estados Unidos el gasto por alumno es de 100 mil dólares al año, en Colombia hay universidades que reciben 350 dólares por estudiante al año, tal es el caso de la Universidad de Pamplona.

Los gastos adicionales en los que han incurrido las universidades públicas, por efecto de la normatividad posterior a la Ley 30 de 1992, ascienden a $469 mil millones de pesos con corte a diciembre de 2007 dineros destinados a atender los nuevos gastos de funcionamiento. En los últimos cinco años ha habido un crecimiento en la infraestructura del 17 %, al pasar de 2.178.000 metros cuadrados a 2.522.000, y en cuanto a la cualificación docente, entre 2003 y 2007, el conjunto de universidades del SUE incrementó el número de docentes con título de doctorado en 47,6%, pasando de 835 profesores en Equivalente Tiempo Completo con título de doctorado a 1.233. Estas cifras, tomadas del informe del Sistema Universitario Estatal , muestran y confirman la necesidad inmediata de nuevos recursos para la Universidad pública, por lo que es necesario promover el más amplio frente universitario que movilice a la sociedad colombiana y ponga como punto de discusión la prioridad del gasto social en el presupuesto, cuyos mayores porcentajes están destinados hoy al pago de la deuda pública interna y externa y al mantenimiento del gasto militar.

En este contexto la lucha por un mecanismo alternativo de financiación no debe contraponerse a la consecución de recursos estatales frescos para las universidades, que engrose su base presupuestal, y no una simple adición, como la aprobada en octubre de 2009, pues se ha señalado que la crisis profunda de varios centros de enseñanza los llevará a la quiebra en menos de 2 años. Por lo tanto, debemos enarbolar la movilización nacional de este periodo, en función de lograr la apropiación de recursos financieros destinados a la base presupuestal de las universidades en el presupuesto de ingresos y gastos de la nación para el año 2011,que próximamente comenzara su curso en el congreso de la republica , unido esto a tumbar el proyecto de reforma del gobierno que cursa en el congreso.

3. Generar espacios para discutir y construir una reforma universitaria alternativa que permita proyectar la lucha nacional y acumular fuerzas para materializar un nuevo modelo de universidad.

Lejos de lo que pregonan sus promotores, la actual contrarreforma educativa que cristaliza un modelo que apunta a resolver las necesidades del mercado de mano de obra barata y con algún nivel de calificación, con el agravante de que el actual modelo económico está basado en la especialización del país en la producción de materias primas, productos tropicales, venta de bienes y servicios e instalación de procesos productivos intensivos en mano de obra pero escasos en el uso de tecnologías y conocimientos científicos, con lo que una universidad científica que imparta lo más elevado del conocimiento se vuelve impertinente, haciéndose necesario, desde el discurso oficial, transformar el sistema de educación superior Colombiano, en un instrumento del enclenque sector empresarial y las filiales de las corporaciones multinacionales que funcionan en el país. Su único papel, suplir las necesidades básicas del mercado laboral.

En contraposición al modelo imperante, hay que insistir en la necesidad de avanzar con propuestas en materia de financiación plena por parte del Estado, fortalecer el Bienestar Universitario, condiciones de trabajo dignas para profesores, empleados y trabajadores, autonomía universitaria y construcción de un modelo de educación superior que garantice la formación al más alto nivel, y que genere conocimiento en función de las problemáticas del país y del pueblo. En el cometido de generar los espacios y estrategias para la formulación de propuesta alternativa frente a la que cursa actualmente en el congreso en materia de financiación y despuntar elementos hacia la formulación de una reforma universitaria democrática en Colombia, empeñaremos nuestros esfuerzos en concretar mesas amplias de coordinación local, regional y nacional que permitan confrontar la actual base jurídica de la educación superior Colombiana, que expresa un modelo de universidad de espaldas a las necesidades de la nación y el pueblo y a la cual debemos enfrentar una reforma integral de la ley 30.